PACTO PARLAMENTARIO POR LA SANIDAD.
Ayer 2 de octubre la ASEDEF ha puesto en marcha en la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) el ciclo NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD que organiza entre octubre 2017 y junio 2018 en nueve sesiones con presencia de instituciones y agentes del sector: Administraciones del Estado y Comunidades Autónomas, Senado, Profesionales, Pacientes, Empresas e Industrias sanitarias, Medios de comunicación, etc. etc.
El propósito político de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad ha surgido en esta ocasión en el Senado a iniciativa del PP a la que se ha sumado el PSOE.
Aunque no exista un criterio claro sobre en qué consistiría tal pacto, ni cuales serían su delimitación y contenidos (financieros, sociales, asistenciales, etc.), la idea nominal de un Pacto de Estado por la Sanidad es un objetivo largamente anhelado, tanto por los responsables políticos cuando llegan al poder (de izquierdas y de derechas) como por los agentes del sector, con el objetivo esencial de preservar la dinámica del sector de los vaivenes de las políticas partidarias, dotando de garantías, previsibilidad y estabilidad tanto al marco institucional como al financiero.
Los intentos de alcanzar este consenso político han tenido numerosos antecedentes siendo el más temprano el de 1991, cinco años después de la Ley General de Sanidad, de encauzar el desarrollo y reforma del recién nacido Sistema Nacional de Salud en base al famoso “Informe Abril” de todos conocido. El informe, promovido por el entonces Ministro de Sanidad Julián Garcia Vargas, sería redactado en 1991 por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, apellido del que tomó su denominación, y en él se contenían una serie de recomendaciones tras constatar «un cierto agotamiento del sistema sanitario». El Informe fue presentado al Ministro el 25 de julio de 1991 y elevado al Congreso de los Diputados en septiembre, sin que se tomara en consideración en medio de numerosas críticas por la disciplina y la drástica racionalización propuestas, no obstante sería muy significativa su influencia en las políticas sanitarias tanto estatales como autonómicas en la década de los noventa.
En 1996 tras el acceso al Gobierno del PP, con el primer Gobierno de Aznar, el titular de Sanidad, Jose Manuel Romay Becaría, intentaría de nuevo el consenso parlamentario de los dos grandes partidos, PP y PSOE, promoviendo en la Comisión de Sanidad del Congreso un gran pacto en cuatro grandes capítulos: aseguramiento y prestaciones, financiación, organización y gestión y modelo territorial. En este caso el consenso parlamentario se intentó en paralelo con la negociación del Acuerdo de Financiación Sanitaria 1997/2001[1] en el marco del acuerdo general del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996. Pero el esfuerzo tampoco llegaría a buen puerto, aunque, como en el Informe Abril del 91, se dejaran notar sus efectos en muchos aspectos entre otros en el cierre del modelo territorial de transferencias sanitarias.
Los intentos de pacto sanitario han continuado en etapas y legislaturas sucesivas. Por ejemplo, tras Romay a principio de la década del 2000 con la Ministra Celia Villalobos se alcanzaría el pacto territorial de cierre del modelo con el establecimiento de un nuevo sistema de financiación sanitaria y el traspaso de las competencias residuales del Insalud (Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y La Rioja).
Este pacto se recogió en el acuerdo de 27 de julio de 2001 por el que se adoptó un nuevo Sistema de Financiación estable[2] (los anteriores eran cuatrienales) de la Asistencia Sanitaria consensuado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, en paralelo, con la mayoría de los grupos de la oposición y las Comunidades Autónomas, y que se plasmó en las Leyes de 27 de diciembre 21/2001 y 7/2001 (Orgánica), ambas sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.
Este acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no solo contenía un compromiso financiero de carácter cuantitativo (traspaso de mayores recursos económicos, ya sea directa o indirecta, de la Administración Central a las CC.AA), sino medidas de carácter cualitativo, que pretendían constituir un compromiso de los Gobiernos territoriales para mejorar la eficiencia y la efectividad del gasto sanitario para controlar la trayectoria del gasto y estabilizar su ritmo de crecimiento, imprimiendo racionalidad al empleo de los recursos públicos sanitarios sin mermar las prestaciones o la calidad.
A raíz de ese cierre del modelo algunos agentes profesionales y sociales (sindicatos sanitarios) pondrían sobre la mesa la necesidad de un Pacto Sanitario incluyendo, entre otras iniciativas la creación de un Fondo de Cohesión que se plasmaría en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.
El tema se vuelve a plantear con posterioridad, tras el cambio de Gobierno de 2004 y con la Ministra Salgado en Sanidad (PSOE), en esta ocasión a instancias del vicepresidente segundo del Gobierno, Solbes, que reclamó como imprescindible un pacto de Estado similar al de Toledo sobre pensiones (un pacto de límites a los compromisos de financiación pública), para garantizar la sostenibilidad y continuidad del Sistema a la vista del crecimiento de los déficits sanitarios de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, y Galicia.
En la siguiente legislatura, con Bernat Soria de Ministro de Sanidad, el objetivo del pacto sanitario se convierte en el eje fundamental de su mandato. El pacto se plantea como un consenso entre Administraciones con el objetivo de ofrecer seguridad a todos los agentes, especialmente a los ciudadanos, de que los temas cruciales de la sanidad no serán objeto de controversia política. El empeño tenía seis grandes ámbitos: equidad en las prestaciones sanitarias, cohesión territorial, calidad, innovación, seguridad para los pacientes y sostenibilidad financiera. Y la aproximación al acuerdo se basaría en el trabajo de los profesionales y entidades constituidos a finales del 2008 en seis Comités: Recursos Humanos, Cartera común de Servicios Sanitarios y Unidades de Referencia del SNS, Racionalización del Gasto Sanitario, Salud Pública, Calidad e Innovación y Consumo de Drogas. Tampoco en esta ocasión pese al empeño del Ministro se alcanzaría el resultado.
Como se aprecia con esos intentos sucesivos, la idea de un pacto político-económico por la Sanidad aunque no llegue a concretarse[3] es una de las constantes en el sector tanto en épocas de expansión como de crisis, siendo -quizás- los penúltimos intentos reseñables sendas Proposiciones No de Ley presentadas en la anterior legislatura (Xª) en el Congreso, en medio del debate sobre los recortes sanitarios, tanto por el PP como por el PSOE aunque en sentido contradictorio.
Recientemente, a principios de 2017 (XIIª Legislatura), se plantea de nuevo -al parecer con mayores posibilidades de consenso- esta meta de un acuerdo inter-partidos en la idea de mantener, fortalecer y garantizar el Sistema Nacional de Salud en diversos ámbitos especialmente en lo relativo a su estabilidad financiera a largo plazo.
El deseo de estabilizar, a medio y largo plazo, los marcos de referencia del sector sanitario, especialmente de la asistencia pública, es -como se ha dicho- una idea redundante entre todos los agentes del sector: instituciones, profesionales, corporaciones, entidades y asociaciones, suministradores, industria tecnológica y sobre todo farmacéutica, que choca -aparte de con los posicionamientos ideológicos y señas de identidad partidistas- con evidentes dificultades objetivas. De un lado con la no siempre deseada rigidez en la planificación y toma de decisiones, y, de otro, con las dificultades inherentes a indexar -como es siempre la resultante de la estabilidad- un componente macroeconómico tan significativo (más del 9% del PIB) que limita notablemente los márgenes de maniobra de cualquier política económica.
No obstante en las circunstancias actuales hay dos factores significativos que quizás faciliten la posibilidad de consenso en esta Legislatura. En primer lugar el hecho de que vengamos de una etapa de fuerte restricción financiera, fruto de la crisis económica, que obligó al primer Gobierno de Rajoy a adoptar medidas de recorte sanitario muy significativas, especialmente recogidas en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Y, en segundo lugar y enlazado con lo anterior, que estemos en una senda de recuperación económica evidente con un incremento notable de los ingresos públicos lo que facilitará sin duda la canalización de mayores recursos públicos al sector. Ambos factores pueden propiciar el acercamiento político de las dos formaciones más importantes de nuestro panorama político.
En este contexto toma sentido el posicionamiento favorable de ambos partidos en el Senado. De una parte del PP que ha tomado la iniciativa a través de una Proposición No de Ley presentada en enero en la que considera necesario alcanzar un pacto “para evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidista, revitalizando los consensos políticos, profesionales y sociales fundamentales, de modo que el Sistema Nacional de Salud, sea defendido entre todos como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar”. De otra parte del PSOE que a través del senador socialista José Martínez Olmos ha pedido al Gobierno “revertir algunas decisiones para que sea posible un Pacto”. Con motivo de la reciente presentación de su libro ‘El Futuro de la Sanidad en España’ Martínez Olmos ha señalado que para que el pacto por la Sanidad se produzca todas las formaciones políticas deben “ceder” en sus posiciones para llegar a un punto de encuentro.
En esta dinámica propicia al consenso, la ASEDEF quiere sumarse a las numerosas entidades que han expresado su apoyo a la iniciativa del Senado, aunque seamos conscientes -como se ha expresado- de las dificultades políticas y financieras que hasta ahora han hecho fracasar el empeño.
Nuestra Asociación confía en que ahora -después de tantos intentos- esté madurando la idea de un marco de estabilidad en el sector salud para lo que animamos a todos los partidos políticos a perseverar -sin perder la esperanza- tras este objetivo, haciendo buena esa famosa cita del escritor inglés del XIX Lewis Carroll de que “se puede llegar a cualquier parte siempre que se ande lo suficiente”.
Entendemos que más allá de las singularidades territoriales y de los oportunismos ideológicos y electorales de los dirigentes, nuestro sistema sanitario mantiene en gran medida su ADN originario y que cuenta -en consecuencia- con muchos elementos tácitos de consenso. Hay más elementos comunes que singularidades significativas en nuestro sistema y más fuerzas centrípetas que centrifugas en la dinámica subyacente de nuestro sector en el que las inercias de la realidad asistencial se imponen; entendemos -por tanto- que el consenso es posible si se hacen emerger esas inercias.
La ASEDEF, como otras muchas entidades, considera nuestro sistema sanitario asistencial en general, y en particular el Sistema Nacional de Salud, una de las más importantes señas de identidad del Estado Social de Derecho. Un logro largamente consolidado por muchas generaciones que hay que mantener, fortalecer y garantizar en diversos ámbitos: equidad, universalidad, organización, profesionales, innovación, calidad, financiación, etc., y, también, en los aspectos jurídicos, campo especifico de nuestra Asociación. La sostenibilidad de nuestro Sistema y la estabilidad de su marco normativo son fuentes imprescindibles para su previsibilidad y garantía del adecuado desarrollo de todos sus agentes e interlocutores. A ella pretende contribuir la ASEDEF en sus diversas iniciativas, especialmente ahora con la puesta en marcha de este ciclo que acaba de comienzar en la RANF.
DIEGO MARTÍNEZ 2017©
[1] Acuerdos quinquenales de financiación entre el Estado y las CCAA, según metodología LOFCA; 1987-1991; 1992-1996; 1997-2001; 2002-2008 y a partir 2009.
[2] Pese a su carácter indefinido duró 7 años y fue sustituido por el modelo de 2009, que se establece a partir de dicho año, también con carácter indefinido pero con la consideración de posibles revisiones quinquenales.
[3] Es importante recordar que en los ejemplos referidos no ha existido un criterio común sobre la delimitación y contenidos de un Pacto, ni tampoco sobre la mecánica técnica, profesional o política (parlamentaria o territorial) de su elaboración y discusión.
